El estado tiene el deber de ser solidario y proteger mejor a las personas mayores, y no “prohibir” o excluir.

Las medidas que se toman no deben convertirse en desprecio por la vejez. El municipio debe garantizar que se ejerza el derecho de acceso a los servicios de salud, y los geriátricos son prestadores de Salud similares a un sanatorio.

La Intendente Municipal Stella Clerici envió, ya comenzada la sesión del Concejo Municipal, un Decreto con el que se “prohíbe” el ingreso de nuevos residentes a los Geriátricos de nuestra ciudad.

El Estado puede y debe controlar los nuevos ingresos a los Geriátricos, pero de ninguna manera prohibirlos como una demostración de incompetencia para ejercer los controles.

Es como si por no poder controlar el tránsito en la ciudad, mañana sacan un decreto por el cual no podemos circular en vehículos por las calles. No es la forma de cuidar a la gente.

Además, no hay en la Provincia ningún tipo de antecedente en el que un municipio prohíba el ingreso de nuevos internados a los geriátricos en su jurisdicción. Esto no está avalado por ningún Decreto Provincial ni Nacional.

Prohibir el ingreso de nuevos residentes a los geriátricos es tan irracional como prohibir nuevos ingresos al hospital y a los sanatorios. Las personas que toman la decisión de ir al geriátrico es porque lo necesitan. No las podemos abandonar.

Somos partidarios de requerir más controles y de incrementar las medidas en los geriátricos porque son la población de mayor riesgo, pero también hay que cuidar a los trabajadores de la salud, a los que viajan por trabajo y a todos los trabajadores esenciales que son los que más expuestos están al contagio.

Muchos de los geriátricos tienen habilitaciones provinciales para poder desempeñar esa actividad y tienen convenios con entidades nacionales, por lo tanto desde el municipio no podemos prohibirles que ingresen nuevos pacientes.

Esta es una medida desacertada porque en muchos casos la internación en estos establecimientos obedece a cuestiones de salud y necesitan atención especializada que las familias no pueden brindarles en forma directa. De concretarse esta prohibición, estaríamos agravando la situación, en vez de resolver un problema.