El Tribunal de Primera Instancia de Casilda condenó a Máximo Z. a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para
conducir vehículos automotores por ocho años, al encontrarlo autor del delito de homicidio culposo agravado por la muerte de más de una persona y lesiones graves culposas, en concurso real.
La sentencia fue dictada el 27 de julio de 2026, al finalizar el juicio oral llevado adelante en los Tribunales Provinciales de Casilda. El debate estuvo a cargo del juez Dr. Campos.
Además de la condena, el magistrado impuso reglas de conducta por el plazo de tres años, entre ellas fijar residencia, someterse al control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas, desarrollar una actividad laboral u oficio acorde a sus capacidades y realizar un curso de educación en seguridad vial. También deberá mantener la restricción preventiva para conducir.
Durante el juicio, el fiscal Dr. Emiliano Ehret, del Ministerio Público de la Acusación de Casilda, había solicitado una pena de seis años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir.
El hecho
Según la acusación fiscal, el siniestro ocurrió el 16 de junio de 2024, alrededor de las 11 de la mañana, sobre la Ruta Provincial Nº 92, entre las localidades de Los Molinos y Arequito.
La Fiscalía sostuvo que Máximo Z., quien conducía una Fiat Strada en dirección oeste acompañado por otra persona, invadió el carril contrario en las inmediaciones del canal aliviador ubicado a unos 3,45 kilómetros de Arequito, impactando de frente contra un Ford Ka que circulaba en sentido opuesto.
Como consecuencia del choque fallecieron en el lugar Alicia Latanzi, conductora del Ford Ka, y Víctor Prida, quien viajaba como acompañante.
Asimismo, el acompañante del condenado sufrió fractura de tobillo derecho y luxación de ambos codos, lesiones calificadas como graves por la Fiscalía.
El Ministerio Público atribuyó el siniestro a una conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, fundamentos que fueron considerados al momento de dictar la condena.
